En el libro El festín de la Vivienda[1]
escribí: hace unos años:
El articulo 47 de la Constitución Española, frecuentemente citado por el reconocimiento que hace del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, contiene además dos mandatos poco o nada atendidos y que suelen pasar desapercibidos a pesar de su enorme importancia. En el primero ordena a lo poderes públicos regular «[…] la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». Efectivamente, tal como se concibe en la Constitución, la tarea de garantizar el derecho a la vivienda no va a ser posible sin controlar un correcto uso del suelo y poniendo freno a la especulación. El tema está tan claro como necesario es insistir en denunciar la escasa atención que las administraciones le prestan a estas tareas al planificar la ciudades y sus necesidades de vivienda...“Se ha utilizado mal el suelo y la especulación ha campado a sus anchas. En 2008 un informe de Miloon Kothari, Relator Especial de Naciones Unidas, denunció que «la especulación generalizada ha tenido efectos negativos en el derecho a una vivienda adecuada en España. Lo elevado de los precios y la falta de parques de vivienda pública, en particular de viviendas de alquiler, han afectado a grandes sectores de la población».[2]
Ya he insistido
sobre esta cuestión en anteriores entradas y en la del pasado día 28 de febrero
criticaba la ausencia de referencias al “modelo de desarrollo urbano” y a la “especulación”
en el documento “Acuerdos para un
Gobierno Reformista y de Progreso” que han presentado el PSOE y Ciudadanos.
Pero el motivo
de esta nueva entrada es sobre todo recomendar el Blog espaciocomun y, en
concreto el artículo publicado el 24 de febrero titulado “Los
poderes públicos y la especulación” en el que se hace una magnífica y muy didáctica explicación de esta
cuestión crucial para la política de vivienda que, sin embargo, ha sido ignorada y absolutamente desatendida por las
diferentes Administraciones Públicas.
“Por tanto, uno de las prioridades que debería plantearse un gobierno que pretenda garantizar el derecho a la vivienda es abordar de una vez una ley de medidas que regule todos los instrumentos y recursos necesarios para impedir la especulación, hasta tanto no se adopten medidas valientes y contundentes en esta materia seguiremos dejando que la garantía de los derechos quede en mano de la acción del mercado y sus agentes especuladores.”
